IMSS: Condiciones que pueden derivar en la pérdida del derecho a pensión en 2025

El cumplimiento de los requisitos legales y administrativos sigue siendo indispensable para garantizar el acceso a una pensión por retiro

Ciudad de México. — La pensión por retiro, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), constituye una de las principales herramientas de seguridad social para las personas trabajadoras al concluir su vida laboral activa. No obstante, diversos factores normativos y administrativos pueden poner en riesgo el acceso a este derecho, especialmente en el contexto de los cambios graduales previstos en la legislación vigente.

A continuación, se detallan las principales causas que, de acuerdo con el marco normativo del IMSS, pueden generar la pérdida del derecho a la pensión durante el ejercicio 2025:

1. Insuficiencia en semanas de cotización

Uno de los criterios fundamentales para acceder a la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez es el cumplimiento de un mínimo de semanas cotizadas. Para quienes se rigen bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1997, el número mínimo para este año es de 850 semanas (equivalente a aproximadamente 14.8 años de trabajo formal).

Este umbral se incrementará en 25 semanas por año, hasta alcanzar 1,000 semanas en 2031, conforme a la reforma aprobada en 2020. En contraste, quienes se encuentran bajo el régimen anterior, Ley de 1973, requieren un mínimo de 500 semanas.

El incumplimiento de este requisito impedirá solicitar una pensión, obligando a los trabajadores a seguir cotizando o a recurrir a otras figuras, como la negativa de pensión con retiro de saldo en la AFORE.

2. Pérdida de vigencia de derechos

Cuando una persona deja de cotizar ante el IMSS por un periodo prolongado, puede perder la vigencia de sus derechos. No obstante, el instituto contempla un periodo de conservación proporcional a las semanas acumuladas. Por ejemplo, quien ha cotizado 1,000 semanas podrá conservar sus derechos por hasta 250 semanas adicionales (aproximadamente cinco años).

A menor número de semanas cotizadas, menor será el periodo de conservación, lo cual limita significativamente la posibilidad de solicitar el beneficio si no se reactiva la cotización dentro del tiempo establecido.

3. Reincorporación laboral irregular tras pensionarse

Los beneficiarios de pensión que decidan reincorporarse a la vida laboral deberán cumplir con condiciones específicas para no poner en riesgo el pago mensual:

• Haber transcurrido al menos seis meses desde el otorgamiento de la pensión.

• Percibir un salario menor al 50% del último sueldo registrado.

• No reincorporarse al mismo puesto o empresa donde laboraban previamente.

La omisión de estos criterios puede derivar en la suspensión o cancelación definitiva del beneficio.

4. Fallecimiento del asegurado sin cumplir con semanas mínimas

En caso de fallecimiento del asegurado, sus beneficiarios no podrán acceder a una pensión por viudez o por orfandad si el trabajador no cumplió al menos 150 semanas de cotización, salvo que el deceso haya sido consecuencia de un accidente o riesgo de trabajo, en cuyo caso aplican criterios distintos.

5. Pensión por invalidez: requisitos específicos

Para acceder a una pensión por invalidez no relacionada con accidentes laborales es necesario acreditar al menos 250 semanas de cotización, además de contar con un dictamen médico institucional que declare la pérdida de la capacidad laboral conforme a los criterios establecidos por el IMSS.

Recomendaciones para prevenir la pérdida del derecho a pensión

Expertos en seguridad social recomiendan que los trabajadores mantengan una vigilancia permanente sobre su historial de cotización, actualicen su información ante el IMSS y consideren alternativas complementarias como planes personales de retiro, cuentas voluntarias en AFORE o esquemas de inversión a largo plazo, con el fin de fortalecer su seguridad financiera en la etapa de jubilación.

Asimismo, se recomienda estar atentos a los cambios normativos anuales, en especial aquellos relacionados con el aumento gradual de semanas exigidas, para asegurar el cumplimiento de los requisitos en tiempo y forma.